El 5 de marzo de 2022, el partido entre Gallos Blancos de Querétaro y Atlas, correspondiente a la Jornada 9 del torneo Clausura, dejó de ser un evento deportivo para convertirse en uno de los episodios más violentos en la historia reciente del futbol mexicano. Las imágenes de aficionados golpeándose dentro del estadio Corregidora dieron la vuelta al mundo y desencadenaron una serie de investigaciones, sanciones y pérdidas económicas que aún repercuten en el club queretano.
Más allá de la violencia registrada en las tribunas, las consecuencias alcanzaron las finanzas del equipo. Documentos judiciales revelan que Gallos Blancos estimó pérdidas por 115.3 millones de pesos, derivadas de la cancelación de contratos comerciales, la disminución de ingresos, multas y otros gastos ocasionados tras los hechos.
El día que el futbol perdió el control
La violencia comenzó durante el segundo tiempo del encuentro, cuando grupos de aficionados protagonizaron una pelea que rápidamente se extendió por distintas zonas del estadio.
Las imágenes mostraron a personas huyendo hacia la cancha, familias buscando refugio y decenas de aficionados golpeándose dentro y fuera de las gradas.
El operativo de seguridad fue ampliamente cuestionado por la rapidez con la que la violencia se propagó y por la incapacidad para contener a los grupos involucrados.
Aunque en un inicio circularon versiones sobre múltiples personas fallecidas, las autoridades de Querétaro informaron posteriormente que no hubo víctimas mortales, aunque decenas de personas resultaron lesionadas.
El impacto económico
De acuerdo con la demanda presentada por el Club Querétaro, las pérdidas económicas ascendieron a 115.3 millones de pesos.
Entre los principales conceptos destacan:
- 40 millones de pesos por ingresos que dejaron de percibirse en venta de boletos y abonos.
- 25 millones de pesos por la suspensión de la venta de cerveza durante los partidos.
- La cancelación de diversos contratos de patrocinio con empresas comerciales.
- El pago de multas impuestas por la Liga MX.
- Gastos derivados de jugar como local en otra sede.
- Daños materiales ocasionados dentro del estadio.
Pese a esa estimación, el club solicitó judicialmente una indemnización por 21.3 millones de pesos, al argumentar que no contó con tiempo suficiente para integrar toda la documentación necesaria que acreditara el monto total del daño.
Patrocinios perdidos
Uno de los golpes más importantes fue la cancelación de contratos comerciales.
Una empresa refresquera decidió terminar anticipadamente un convenio firmado meses antes del incidente, al considerar que ya no era posible cumplir con los beneficios publicitarios pactados debido a las sanciones impuestas al club.
También se registraron pérdidas económicas con otros patrocinadores relacionados con alimentos, bebidas, supermercados y publicidad dentro del estadio.
La crisis afectó directamente la capacidad comercial de Gallos Blancos y deterioró la imagen de la institución frente a posibles inversionistas.
Las sanciones deportivas
Tras analizar los hechos, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol impuso una serie de sanciones consideradas históricas.
Entre ellas destacaron:
- Multa económica al Club Querétaro.
- Un año de veto para el estadio Corregidora sin acceso al público.
- La obligación de disputar partidos como local en otra sede.
- Suspensiones para directivos responsables de la administración del club.
- Restricciones para las barras organizadas tanto de Querétaro como de Atlas.
Como consecuencia del veto, Gallos Blancos tuvo que trasladar temporalmente sus partidos como local al estadio Morelos, generando nuevos costos de operación.
La investigación judicial
La Fiscalía General del Estado de Querétaro inició una investigación para identificar a los responsables de la violencia.
En los meses posteriores fueron detenidas 59 personas, varias de las cuales obtuvieron su libertad mediante acuerdos reparatorios, procedimientos abreviados o el pago de la reparación del daño.
Las investigaciones también alcanzaron a la empresa de seguridad privada encargada del operativo del encuentro, debido a posibles omisiones en la planeación y ejecución de los protocolos de seguridad.
Una crisis que cambió a la Liga MX
Los acontecimientos de La Corregidora obligaron a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Futbol a modificar diversos protocolos de seguridad.
Entre las medidas implementadas posteriormente destacan un mayor control sobre las barras organizadas, el fortalecimiento de los sistemas de identificación de aficionados y nuevas obligaciones para los clubes en materia de seguridad dentro de los estadios.
La violencia ocurrida aquella tarde también reabrió el debate sobre la responsabilidad compartida entre clubes, empresas de seguridad, autoridades locales y organismos deportivos para garantizar espectáculos seguros.
Un caso que sigue siendo referencia
A más de tres años de los hechos, el caso de La Corregidora continúa siendo uno de los episodios más graves registrados en el futbol mexicano.
No solo por las imágenes que impactaron al país, sino porque evidenció las fallas estructurales en los sistemas de seguridad de los estadios y el elevado costo económico, deportivo e institucional que puede generar un episodio de violencia masiva.
Las pérdidas millonarias reclamadas por Gallos Blancos, las sanciones impuestas por la Liga MX y las investigaciones penales convierten este caso en uno de los expedientes más relevantes para entender cómo un solo partido transformó la manera en que se concibe la seguridad en el futbol mexicano.
